Result of Service

A partir de este estudio, se formularán recomendaciones de política pública orientadas a mejorar los procedimientos administrativos del INSS y a diseñar intervenciones basadas en evidencia para reducir la litigiosidad. Los códigos necesarios para replicar y ampliar los resultados complementan los hallazgos. Los datos y análisis generados podrían respaldar el desarrollo futuro de plataformas públicas para visualizar y monitorear la judicialización del BPC a escala nacional.

Work Location

Brasília

Expected duration

360 días

Duties and Responsibilities

El “Benefício de Prestação Continuada-BPC” es la principal prestación de asistencia social de Brasil, garantizada por la LOAS (Ley n.º 8.742/1993) a las personas mayores (de 65 años o más) y a las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza extrema —definida como un ingreso familiar per cápita igual o inferior a una cuarta parte del salario mínimo—. Se trata de un derecho subjetivo garantizado constitucionalmente (Art. 203, inciso V, de la Constitución Federal), cuyo acceso depende de una evaluación administrativa realizada por el INSS. Dicha evaluación comprende un examen médico para verificar la discapacidad y una evaluación social para comprobar el criterio de ingresos; se trata de un proceso probatorio que se lleva a cabo sin una fase contradictoria previa y que es propenso a inconsistencias, lo que deriva en elevadas tasas de denegación y de impugnaciones judiciales. El acceso al beneficio del BPC está cada vez más mediado por el poder judicial, un fenómeno que se intensificó durante la última década y ha alcanzado nuevos niveles en los últimos años. Datos históricos del IPEA revelan que, tan solo en la jurisdicción del TRF1, la proporción de concesiones del BPC ordenadas judicialmente aumentó de aproximadamente el 9 % al 19 % del total otorgado entre 2008 y 2015, mientras que los costos derivados del cumplimiento de las sentencias (mediante “precatórios” y RPV) se triplicaron en ese mismo periodo, pasando de 291 millones a 879 millones de reales (Castro; Jesus, 2018). Esta tendencia no solo ha persistido, sino que se ha acelerado: el informe “Justiça em Números 2024” (CNJ) registra 401.443 demandas relacionadas con el BPC/LOAS presentadas ante los tribunales federales en 2024, lo que convierte a esta materia en la cuarta más frecuente dentro del sistema judicial federal del país. El INSS es actualmente el mayor litigante del país, con más de 4,2 millones de demandas activas. Los procedimientos judiciales representaron el 36 % de las nuevas concesiones del BPC en los doce meses finalizados en abril de 2025 —frente al 21 % registrado en el mismo periodo del año anterior—, observándose un aumento en el número de beneficiarios que obtuvieron la prestación por vía judicial: un 14 % en 2023, un 21 % en 2024 y un 21 % en los primeros cuatro meses de 2025. Este ritmo pone en peligro el equilibrio fiscal del programa: las proyecciones indican que el gasto total del BPC podría superar al de Bolsa Família en los próximos años. Además, del total de casos del BPC resueltos en 2024, el 37 % resultó en la revocación de la denegación administrativa inicial —un 23 % mediante sentencia judicial y un 14 % mediante acuerdo—, lo que pone de manifiesto que el proceso administrativo no reconoce sistemáticamente derechos que el poder judicial posteriormente ratifica. Esta consultoría tiene como objetivo desarrollar un flujo de trabajo automatizado para recopilar y analizar los procedimientos judiciales relacionados con el BPC/LOAS (Beneficio de Prestación Continuada) en el sistema de Justicia Federal de Brasil —abarcando los cinco Tribunales Regionales Federales (TRF) y los Juzgados Federales Especiales (JEF)— y utilizarlo para investigar, a escala nacional, los patrones de judicialización, los determinantes de los resultados procesales y el perfil socioeconómico de los demandantes. El análisis combinará métodos jurimétricos, modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) desplegados localmente en la infraestructura del Ipea —en cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos (LGPD) de Brasil— y el cruce de registros administrativos (CadÚnico). El producto final consistirá en un informe analítico nacional con recomendaciones de políticas públicas para mejorar los procedimientos administrativos del INSS y fundamentar políticas de desjudicialización basadas en evidencia, complementado con los archivos fuente. En coordinación con los equipos de la CEPAL y la IPEA, la consultoría llevará a cabo las siguientes actividades: a) Desarrollar un módulo de “webscraping” para la recopilación sistemática de casos de BPC/LOAS desde los portales públicos de los tribunales federales; b) Almacenamiento, organización y entrega de una base de datos estructurada - Diseñar e implementar una base de datos con almacenamiento estructurado y vectorial para la recuperación eficiente de los documentos recopilados; c) Elaboración de informes con métricas procesales basadas en los datos recopilados - Calcular métricas procesales agregadas —duración media, tasa de éxito, tasa de apelación y tasa de revocación en apelación— desglosadas por Tribunal Regional Federal (TRF), año y tipo de representación legal; d) Elaboración de un informe analítico nacional y de un repositorio que contenga el flujo de trabajo de recopilación y análisis, junto con el código fuente asociado y con recomendaciones para mejorar las políticas públicas. El informe identificará los factores determinantes de los resultados de los casos, el perfil socioeconómico de los demandantes —prestando atención a dimensiones como la raza o el color, el nivel educativo y la composición familiar—, las principales motivaciones para presentar reclamaciones, así como las disparidades entre los Tribunales Regionales Federales (TRF) y los tipos de representación legal. Los informes deben presentarse en formato digital, con una versión editable (Word y PDF para textos y PNG, JPEG, SVG u otros para materiales gráficos) en portugués. Las referencias bibliográficas deben seguir la norma CEPAL.

Qualifications/special skills

Si se requiere un título universitario en campos que incluyen informática, estadística, economía, políticas públicas o áreas afines.

Mínimo de 3 años de experiencia en estudios o investigaciones empíricas cuantitativas y en análisis de datos con Python, aplicados a la investigación en políticas públicas, derecho, ciencias sociales y/o campos afines. Conhecimento em mineração de texto, processamento de linguagem natural (PLN) ou métodos computacionais aplicados a dados jurídicos; bancos de dados relacionais ou vetoriais e com coleta automatizada de dados (webscraping).

Languages

Se requiere Portugués fluido.

Additional Information

Outputs/ Works Assignment: Producto 1. Informe que contiene la recopilación de datos, entrega de un flujo de trabajo funcional de “webscraping” para portales judiciales relativo a casos de BPC. Presentar 90 días después de la fecha de inicio del contrato. Producto 2. Informe técnico sobre almacenamiento y organización: entrega de una base de datos estructurada. Presentar 180 días después de la fecha de inicio del contrato. Producto 3. Informe técnico con métricas procesales. Presentar 270 días después de la fecha de inicio del contrato. Producto 4. Informe final: informe analítico y repositorio con pipeline de recopilación y análisis. Presentar 360 días después de la fecha de inicio del contrato.

No Fee

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Judicialización del Beneficio de Prestación Continuada (BPC/LOAS) en los tribunales federales: análisis a gran escala de patrones y determinantes